Aquiles Córdova Morán
Hace algunas semanas, un organismo cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo, con números a la mano procedentes de una encuesta, que ocho de cada diez mexicanos piensa que en el país no hay verdadera justicia, y que la ley es un arma en manos de los poderosos para cometer abusos. A pesar de la innegable importancia del asunto y de la irrefutable contundencia de las cifras, nadie pareció enterarse de esas revelaciones ni menos movió un dedo para intentar poner remedio a la situación. Estamos, pues, ante una prueba más del desinterés de los grupos gobernantes por la real situación de las clases populares y por la opinión que puedan tener respecto a la marcha de la nación. Como ocurre siempre en momentos decisivos de la historia (de México y del mundo), se vuelve a comprobar la ceguera y la total insensibilidad que se adueña de los privilegiados cuando más necesitan de ambos recursos para tomar las medidas que la situación reclama. Los mimados del poder, los ahítos de todo, los que gozan sin cortapisas de sus derechos y prerrogativas, tienden irremediablemente a confundir su situación con la de los demás, a creer que su felicidad y su hartazgo son también las del resto de la población.
Pero la realidad es otra. La situación material de las grandes mayorías, como lo sabe todo mundo, está muy lejos de ser la misma que la de las minorías opulentas. El desempleo; los bajos salarios; los pésimos servicios de salud; la falta de programas de vivienda digna para quienes carecen de ella; el insuficiente presupuesto para una educación de calidad; la desocupación de los jóvenes, tengan o no un título profesional; la desprotección de los grupos vulnerables, dejados a merced de la humillante filantropía privada; la falta de servicios elementales para una vida tolerable, tanto en zonas rurales como urbanas donde se hacinan los pobres, etc., conforman un cuadro que está muy lejos de ser el paraíso que se imaginan los habitantes de zonas residenciales. Y encima de todo eso, como si no fuera ya suficiente, todavía se arroja sobre las espaldas de los marginados ese agravio intolerable de una justicia venal, que se vende al mejor postor o que, sin reparo alguno, sin el mínimo pudor, se pone al servicio de los poderosos como instrumento de represión y venganza en contra de los molestos demandantes de solución a sus necesidades elementales y respeto a sus derechos básicos.
Hace algunos años, para sorpresa de los economistas del mundo, el premio Nobel de su especialidad le fue concedido a un abogado de profesión. La razón de ello, según se explicó, fue que de un modo preciso, riguroso y elocuente, ese abogado había demostrado que la existencia de leyes justas, racionales, equitativas para todos los sectores sociales involucrados en el proceso productivo y, además, la aplicación puntual, honesta y profesional de dichas leyes, es condición indispensable para generar un crecimiento económico suficiente y sostenido, tal como lo reclama toda sociedad moderna que busque el bienestar de sus habitantes. Ello es así, se dijo, porque leyes justas y aplicación honesta, profesional de las mismas, crean un ambiente de paz, de seguridad y de confianza, y un estado de ánimo optimista en todos los sectores que tienen qué ver con la producción y la productividad. Lo recuerdo ahora porque en el país está sucediendo todo lo contrario: mientras la economía y la suerte de las masas trabajadoras empeora casi hora por hora (y esto sin tomar en cuenta, todavía, las repercusiones inevitables de la actual crisis financiera mundial que tenemos a la vista), la aplicación de la ley y la impartición de justicia se deterioran, quizá, más aprisa todavía.
Pero, según el Nobel de economía que he mencionado, hoy resulta más urgente que nunca, si queremos salir del hoyo, crear un ambiente de seguridad y de pleno goce de los derechos elementales para todos. La verdadera modernización del país, el México competitivo y triunfador que prometió en su campaña el Presidente, exige, como prerrequisito indispensable, una transformación radical de la administración de justicia. Urge desterrar, condenar y castigar como un crimen de lesa patria, de lesa economía y de lesa tranquilidad social, la bárbara y brutal práctica de prefabricar delitos; de manipular, torcer, violar y prostituir las leyes y el Derecho por los encargados de administrar justicia, con tal de adecuarlos al capricho del poderoso en turno. Es el caso del gobernador de Querétaro y, sobre todo, de su secretario de Gobierno, el feroz yunquista Alfredo Botello Montes. Tres años tuvieron encarcelada y bajo un hostigamiento continuo a la profesora Cristina Rosas, una joven mujer que se atrevió a desafiarlos, encabezando las demandas de los pobres de ese estado. Y no bien salió ésta de sus garras, cuando ya refundieron en sus mazmorras a 14 indefensos campesinos, acusados de sabotaje, amenaza de devastación (¿?) y resistencia de particulares, sólo porque defienden un pozo que surte de agua potable a su pueblo y que es de legítima propiedad de toda la comunidad. Además, han librado órdenes de aprehensión en contra del profesor Gerónimo Gurrola, líder del antorchismo en Querétaro y que nada tienen qué ver en el conflicto, así como contra la licenciada Yesenia Valdés, por el “crimen” de defender a los campesinos acosados por Botello Montes.
Esta situación de sevicia monstruosa es un desafío para el sistema político y jurídico del país; y nadie puede escapar a su responsabilidad escondiéndose tras la “soberanía de los estados” para no intervenir. El gobierno federal puede y debe hacerlo; de lo contrario, o bien tendríamos que concluir que la soberanía estatal es patente de corso para cometer impunemente todo tipo de delitos, o que se usa como pretexto para dejar hacer, porque se está de acuerdo con tan aberrante modo de pisotear la ley. Nadie escapará al juicio del pueblo y de la historia.
Hace algunas semanas, un organismo cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo, con números a la mano procedentes de una encuesta, que ocho de cada diez mexicanos piensa que en el país no hay verdadera justicia, y que la ley es un arma en manos de los poderosos para cometer abusos. A pesar de la innegable importancia del asunto y de la irrefutable contundencia de las cifras, nadie pareció enterarse de esas revelaciones ni menos movió un dedo para intentar poner remedio a la situación. Estamos, pues, ante una prueba más del desinterés de los grupos gobernantes por la real situación de las clases populares y por la opinión que puedan tener respecto a la marcha de la nación. Como ocurre siempre en momentos decisivos de la historia (de México y del mundo), se vuelve a comprobar la ceguera y la total insensibilidad que se adueña de los privilegiados cuando más necesitan de ambos recursos para tomar las medidas que la situación reclama. Los mimados del poder, los ahítos de todo, los que gozan sin cortapisas de sus derechos y prerrogativas, tienden irremediablemente a confundir su situación con la de los demás, a creer que su felicidad y su hartazgo son también las del resto de la población.
Pero la realidad es otra. La situación material de las grandes mayorías, como lo sabe todo mundo, está muy lejos de ser la misma que la de las minorías opulentas. El desempleo; los bajos salarios; los pésimos servicios de salud; la falta de programas de vivienda digna para quienes carecen de ella; el insuficiente presupuesto para una educación de calidad; la desocupación de los jóvenes, tengan o no un título profesional; la desprotección de los grupos vulnerables, dejados a merced de la humillante filantropía privada; la falta de servicios elementales para una vida tolerable, tanto en zonas rurales como urbanas donde se hacinan los pobres, etc., conforman un cuadro que está muy lejos de ser el paraíso que se imaginan los habitantes de zonas residenciales. Y encima de todo eso, como si no fuera ya suficiente, todavía se arroja sobre las espaldas de los marginados ese agravio intolerable de una justicia venal, que se vende al mejor postor o que, sin reparo alguno, sin el mínimo pudor, se pone al servicio de los poderosos como instrumento de represión y venganza en contra de los molestos demandantes de solución a sus necesidades elementales y respeto a sus derechos básicos.
Hace algunos años, para sorpresa de los economistas del mundo, el premio Nobel de su especialidad le fue concedido a un abogado de profesión. La razón de ello, según se explicó, fue que de un modo preciso, riguroso y elocuente, ese abogado había demostrado que la existencia de leyes justas, racionales, equitativas para todos los sectores sociales involucrados en el proceso productivo y, además, la aplicación puntual, honesta y profesional de dichas leyes, es condición indispensable para generar un crecimiento económico suficiente y sostenido, tal como lo reclama toda sociedad moderna que busque el bienestar de sus habitantes. Ello es así, se dijo, porque leyes justas y aplicación honesta, profesional de las mismas, crean un ambiente de paz, de seguridad y de confianza, y un estado de ánimo optimista en todos los sectores que tienen qué ver con la producción y la productividad. Lo recuerdo ahora porque en el país está sucediendo todo lo contrario: mientras la economía y la suerte de las masas trabajadoras empeora casi hora por hora (y esto sin tomar en cuenta, todavía, las repercusiones inevitables de la actual crisis financiera mundial que tenemos a la vista), la aplicación de la ley y la impartición de justicia se deterioran, quizá, más aprisa todavía.
Pero, según el Nobel de economía que he mencionado, hoy resulta más urgente que nunca, si queremos salir del hoyo, crear un ambiente de seguridad y de pleno goce de los derechos elementales para todos. La verdadera modernización del país, el México competitivo y triunfador que prometió en su campaña el Presidente, exige, como prerrequisito indispensable, una transformación radical de la administración de justicia. Urge desterrar, condenar y castigar como un crimen de lesa patria, de lesa economía y de lesa tranquilidad social, la bárbara y brutal práctica de prefabricar delitos; de manipular, torcer, violar y prostituir las leyes y el Derecho por los encargados de administrar justicia, con tal de adecuarlos al capricho del poderoso en turno. Es el caso del gobernador de Querétaro y, sobre todo, de su secretario de Gobierno, el feroz yunquista Alfredo Botello Montes. Tres años tuvieron encarcelada y bajo un hostigamiento continuo a la profesora Cristina Rosas, una joven mujer que se atrevió a desafiarlos, encabezando las demandas de los pobres de ese estado. Y no bien salió ésta de sus garras, cuando ya refundieron en sus mazmorras a 14 indefensos campesinos, acusados de sabotaje, amenaza de devastación (¿?) y resistencia de particulares, sólo porque defienden un pozo que surte de agua potable a su pueblo y que es de legítima propiedad de toda la comunidad. Además, han librado órdenes de aprehensión en contra del profesor Gerónimo Gurrola, líder del antorchismo en Querétaro y que nada tienen qué ver en el conflicto, así como contra la licenciada Yesenia Valdés, por el “crimen” de defender a los campesinos acosados por Botello Montes.
Esta situación de sevicia monstruosa es un desafío para el sistema político y jurídico del país; y nadie puede escapar a su responsabilidad escondiéndose tras la “soberanía de los estados” para no intervenir. El gobierno federal puede y debe hacerlo; de lo contrario, o bien tendríamos que concluir que la soberanía estatal es patente de corso para cometer impunemente todo tipo de delitos, o que se usa como pretexto para dejar hacer, porque se está de acuerdo con tan aberrante modo de pisotear la ley. Nadie escapará al juicio del pueblo y de la historia.
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